A fin de asegurar los servicios básicos de la población, la senadora Nuvia Mayorga Delgado pidió que la Secretaría de Salud considere a las y los trabajadores de “primera línea” de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para acceder a la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 de forma prioritaria.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRI destacó que, pese a la emergencia sanitaria, que se estima seguirá activa durante el 2021 con el riesgo latente de los contagios, la operación de los sistemas para suministrar el líquido vital a los hogares y los hospitales no se puede detener.
México ha logrado mantener la operación habitual en los organismos de agua potable y saneamiento. Más de 118 mil personas trabajan para brindar estos servicios, cumplen las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para la prevención y combate de la Covid-19.
Son actividades prioritarias reconocidas a nivel mundial para evitar la propagación del coronavirus. Además, a pesar de las condiciones económicas adversas por las que atraviesan, los prestadores de dichos servicios continúan atendiendo a la población, subrayó Mayorga Delgado.
Estas labores, abundó, implican riesgos para las y los trabajadores del sector, ya que no pueden dejar de laborar y quedarse en casa como recomiendan las medidas gubernamentales.
La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México sugirió monitorear constantemente las operaciones para evitar cortes en el suministro, priorizar canales digitales de comunicación, resguardar al personal en condición de riesgo y rotar al personal para impedir contagios múltiples.
No obstante, se proyecta que a nivel nacional hasta 10 por ciento del total de trabajadores adquirieron el virus. A esto habrá que sumar el número de fallecimientos en este sector que aún no se cuantifican, apuntó la senadora.
Mayorga Delgado denunció que, como consecuencia de lo anterior, la plantilla laboral disponible se redujo considerablemente, lo que trajo como consecuencia un aumento de la jornada de trabajo de las y los empleados.
La proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Segunda Comisión de Trabajo, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
