Tres mujeres presentaron denuncias en la Fiscalía General de Baja California contra Manuel García Soto, comisionista del Gobernador Jaime Bonilla y dueño de la empresa Fisamex, y piden la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía General de la República para que se puedan llevar a cabo las investigaciones.
De acuerdo con los relatos de las mujeres, Manuel García Soto las contactó y enamoró para después obligarlas a firmar documentos y quedarse con todos sus bienes, por lo que piden la intervención de las autoridades federales, pues en el estado tiene protección.
Una de las afectadas narró que fue despojada de 8 millones de pesos, a otra más le quitó dos casas una en Sonora y otra en Baja California y a la tercera la engañó con una supuesta inversión por 4 millones de dólares, unos 80 millones de pesos.
Manuel García Soto está relacionado con esas tres carpetas de investigación, que involucran estafas contra mujeres de 30 a 50 años.
“Nos conocimos y estuvimos de pareja, después me dijo que necesitaba dinero par una inversión en su empresa Fisamex y le dije que no se podía, señaló que todo estaba bien y después me hizo firmar cosas y fue así como me dejó sin nada era una inversión fraudulenta, se quedó con todo mi dinero”, señaló “SL” en su denuncia.
“He tratado de iniciar la denuncia, pero en todos los mementos me dieron largas y fue hasta que hice un llamado a derechos humanos que me permitieron iniciarla, pero es un protegido del sistema en Baja California”.
Otra de las denunciantes indicó que fue discriminada y tratada como delincuente en la Fiscalía de Baja California cuando presentó la denuncia contra Manuel García Soto, por
Esas denuncias se suman a las presentadas por enriquecimiento ilícito, ya que en menos de 6 meses, Manuel García Soto logró amasar una fortuna de 2 mil millones de pesos, por supuestos cobros de adeudos en servicios en Baja California.
Incluso, la empresa Fisamex y su dueño, Manuel García Soto, fueron acusados del delito de concusión, por cobros indebidos de servicios en Baja California.
Esta es la tercer denuncia contra Manuel García Soto, en menos de dos meses, la primera fue por acoso sexual de una trabajadora, que se encuentra radicada en la Fiscalía del Estado, la segunda es por enriquecimiento ilícito y ahora está con el delito de concusión.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha identificado a 450 empresas que podrían demandar después de que les hicieron cobros indebidos de agua, ya que el pago se ha requerido en términos fuera de la ley.
El delito está en el Código Penal Federal en el artículo 218, que indica que comete el delito de concusión: el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Y señala que Manuel García Soto podría ser sancionado cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa.
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa.
Incluso, el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien asesora al CCE, manifestó que los cobros que han ejecutado los organismos operadores de agua de cada municipio en la entidad, son fuera del marco legal, por lo que las empresas afectadas pueden demandar para que se les regrese lo que pagaron.
