Disputa por las tierras agrícolas tomó un rumbo crítico
La Chispa te informa que la disputa por las tierras agrícolas toma un giro crítico ya que se quiere usar la fuerza en el estado. El conflicto en la comunidad menonita Nueva Trinidad escaló alarmantemente tras revelarse que el tribunal estatal carece de facultades constitucionales para resolver el litigio agrario contra los productores locales. La defensa legal advirtió que la jueza incurre en una clara invasión de jurisdicción al pretender juzgar la posesión de un predio clasificado como terreno nacional, asunto reservado de forma exclusiva a las autoridades federales.
Conflicto agrario y la jurisdicción federal en el campo campechano
El conflicto legal enfrenta a la familia Huitz Villarreal con los pobladores menonitas, quienes han trabajado estos campos durante años y ahora defienden la certeza sobre su sustento. Eraclio Rodríguez Gómez, representante del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano, denunció que el procedimiento civil en Campeche carece de toda validez, pues la propia parte demandante reconoció el carácter nacional de la propiedad. Esta tensión genera incertidumbre productiva, pues la disputa por las tierras agrícolas frena la inversión regional y arriesga la paz social de las familias agricultoras de la zona.
Irregularidades procesales en el tribunal de Campeche
“La irregularidad procesal cobró mayor fuerza tras la fallida audiencia del pasado 11 de septiembre, querían darnos además a un traductor no certificado para el imputado Yohan”, señaló Rodríguez Gómez. Enfatizó que este tipo de maniobras reflejan un atropello constante a las garantías básicas de la comunidad, la cual enfrenta el litigio en clara desventaja por las barreras del idioma y las omisiones del propio tribunal.
Tensión en Nueva Trinidad por la tenencia de la tierra
La comunidad vive en constante desvelo ante el temor de desalojos violentos por la resolución del juzgado local. Dentro de este ambiente, la disputa por las tierras agrícolas no solo pone a prueba la impartición de justicia en el estado, sino que expone la urgencia de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) intervenga de inmediato para deslindar el predio nacional y proteger la soberanía alimentaria de la región.
