Marybel Villegas reclama derecho de maternidad por inminente extirpación de Aguakan
DESDE LOS ONCE PASOS
Javier Chávez Ataxca
Con muy amplia ventaja en la batalla por Cancún, la senadora morenista Marybel Villegas reclama derecho de maternidad ante la inminente extirpación de la empresa Aguakan de este polo turístico, ya que ella promovió en 2022 la consulta pública que incluyó a todos los municipios del norte turístico donde esta empresa mantiene la concesión de ganar, ganar.
Ayer lunes la alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta de la Peña, logró que por unanimidad el Cabildo del Ayuntamiento de Benito Juárez aprobara iniciar el proceso jurídico contra Aguakan, reaccionando por fin ante el sistemático incumplimiento de contrato y el malísimo servicio que ha sido una pesadilla cotidiana para los usuarios obligados a pagar tarifas muy caras en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
Pero Marybel Villegas reaccionó de inmediato reclamando la maternidad de las acciones que están por lograr la salida de la familia Ballesteros del negocio que inició en Cancún, beneficiada con la concesión del suministro de agua potable al inicio del mandato del gobernador priista Mario Villanueva Madrid.
La senadora dijo que “el gobierno corrupto” de Carlos Joaquín quiso frenar la consulta desde su origen, y “a pesar de los ataques y las amenazas no di un paso atrás” y lograron juntar las firmas necesarias para la consulta organizada en las elecciones de 2022 por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).
Como antecedente, cuando estaba próximo el fin de su negocio de décadas Aguakan logró que el gobernador priista Roberto Borge Angulo renovara por anticipado la concesión en diciembre de 2014, ordenando la luz verde a su Congreso local dominado por el PRI. En esta ocasión fue incluido el municipio de Solidaridad cuyo corazón es Playa del Carmen, en la Riviera Maya.
A cambio de este obsequio Aguakan pagó mil 56 millones de pesos que tan pronto ingresaron a la cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) fueron succionados por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) dirigida por Juan Pablo Guillermo Molina, nunca fue alcanzado por las garras justicieras de Carlos Joaquín que en cambio torció la ley para proceder penalmente contra Paula González Cetina –extitular de la CAPA– y una secretaria de la dependencia.
