PERSECUCIÓN DE MENONITAS, ENTRE LA LEY Y SU QUEHACER POR LA SOBREVIVENCIA.
Desatan campaña contra los menonitas como unos devastadores, ecocidas, por levantar la voz y exhibir a “presuntos manipuladores del derecho y que por sus intereses dan inequitativos contundentes fallos.
Por Silvia Hernández Martínez
Una intensa campaña en contra de los menonitas se ha desatado por la disputa de terrenos que les pertenecen legalmente, pero al parecer un terrateniente en complicidad con una jueza, los acusa de devastadores de la selva y destrucción del patrimonio cultural maya.
Aunque estos hombres y mujeres se dedican a la agricultura, a la fabricación de productos lácteos como el queso, entre otros, grupos de colectivos de Campeche y otros ciudadanos los acusan y persiguen como si se tratase de miembros de la delincuencia organizada, aunque la gobernadora Layda Sansores, se comprometió a estar pendiente del juicio que se lleva en su contra a fin de que realmente se haga justicia.
Creyendo que encontrarían paz en nuestro país, migraron a Campeche, donde las tierras estaban abandonadas y se asentaron cultivando la tierra y trabajar en la ganadería, pensando en que no serían mal recibidos como han logrado asentarse en otros estados de la República, pero la envidia y codicia de quienes nunca se pararon por las tierras que están ocupando los han hecho blanco de ciudadanos que quieren las tierras que ocupan hasta hoy.
Un artículo de la Redacción/CAMBIO 22, da cuenta de las acusaciones que pesan sobre este grupo en Campeche: “Miembros de campos menonitas han sido señalados por arrasar zonas de selva y destruir infraestructura maya milenaria en el municipio de Hopelchén, con el objetivo de habilitar terrenos para actividades agropecuarias y obras civiles”.
“De acuerdo con las denuncias, maquinaria pesada vinculada a estos grupos derribó montículos, estelas y templos mayas de hasta 15 metros de altura.
Las piezas de piedra extraídas de los yacimientos fueron trituradas para elaborarla como gravilla destinada al pavimentado de caminos y edificaciones locales”.
El despojo de las tierras a los menonitas se ha venido dando desde hace años, pero este año en el municipio de Hopelchén, en Campeche, se clausuraron dos predios en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica, con afectaciones en 247 hectáreas. Además, se aseguró maquinaria pesada tipo oruga.
Menonitas acusan despojo pese a tener la escritura de propiedad en Campeche.
El despojo de las tierras a 40 familias por la jueza
“Johan Neufeld Wall, propietario del terreno y representante de la comunidad, denunció que una jueza de control concedió la posesión provisional del predio en disputa a Luis Huitz Villarreal, quien sostiene que se trata de “tierras nacionales”, por lo que 40 familias serían desalojadas del lugar. Y 17 predios fueron clausurados en 2025.
EN septiembre del 2025, la Profepa, en colaboración con instituciones de seguridad, clausuró 17 predios forestales en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde la comunidad menonita de monocultivos agroindustriales, la dependencia informó que estas áreas eran desmontadas sin el cambio de uso de suelo con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), lo que derivó en el cierre, 13 denuncias penales y diversos procedimientos administrativos.
Ese año, en el municipio de Hopelchén, en Campeche, se clausuraron dos predios en los ejidos Xmaben y Francisco J. Mújica, con afectaciones en 247 hectáreas. Además, se aseguró maquinaria pesada tipo oruga, pero los menonitas acusan despojo pese a tener la escritura de propiedad en Campeche.
Niegan persecución
Especialistas y colectivos aclaran que el reclamo no persigue a una religión ni a la totalidad de la comunidad menonita, sino que exige el cumplimiento de la ley para sancionar a los responsables materiales y a las autoridades omisas en la preservación del patrimonio histórico y natural.
Apenas el pasado 25 de abril, la Profepa clausuró un predio en Hopelchén, Campeche, por el cambio ilegal de uso de suelo en 54.2 hectáreas de selva y con apoyo de SEDENA y Guardia Nacional, se detectaron quemas y desmontes sin autorización de Semarnat en una zona de alto valor ambiental.
La legislación mexicana establece que todo hallazgo arqueológico pertenece a la Nación. Los propietarios de terrenos privados tienen la obligación de detener cualquier obra y notificar de inmediato al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Johan Neufeld Wall, propietario del terreno y representante de la comunidad, denunció que una jueza de control concedió la posesión provisional del predio en disputa a Luis Huitz Villarreal, quien sostiene que se trata de “tierras nacionales”, por lo que 40 familias serían desalojadas del lugar.
“Una jueza de Campeche ordenó desalojar a unas 40 familias menonitas y entregar la posesión de un predio de 342 hectáreas a un reclamante que no acreditó su propiedad, pese a que los productores aseguran contar con un título inscrito desde 2012 y cuya documentación, afirman, fue validada por autoridades federales”, afirman los medios.
Johan Neufeld Wall, propietario del terreno y representante de la comunidad menonita, denunció que la jueza de Control del Primer Distrito Judicial del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, concedió la posesión provisional del predio en disputa a Luis Huitz Villarreal, quien sostiene que se trata de “tierras nacionales”, pese a que, afirmó, nunca presentó un documento que acreditara ser propietario.
Detalló que la compraventa del predio denominado “El Progreso y El Porvenir”, ubicado entre las comunidades de Francisco J. Mújica y Dzibalchén, se realizó en 2012 y fue escriturada en la Notaría Pública Número 12 de Campeche, a cargo de Alberto Fuentes Tzec.
De acuerdo con los representantes de la comunidad, Huitz Villarreal únicamente argumentó ser posesionario de terrenos colindantes y promovió un recurso para reclamar la posesión del predio en disputa.
No obstante la jueza ordenó al Ministerio Público desalojar a las familias menonitas y entregar provisionalmente las 342 hectáreas a Huitz Villarreal, reclamante, mientras continúa el juicio para determinar la propiedad definitiva.
“A nosotros nos está haciendo un daño muy grande porque tenemos invertidos entre 10 y 15 años de trabajo. Todo ese esfuerzo se pierde porque ya estamos dejando pasar la temporada en la que necesitamos trabajar”, lamentó Johan Neufeld.
Con tristeza e impotencia refiere el productor que el litigio, que inició hace cuatro años, ha estado marcado por irregularidades y ya provocó pérdidas económicas a las familias afectadas, que además de enfrentar gastos legales no han podido sembrar ni cosechar maíz, sorgo y soya.
En busca de justicia
Representantes de la comunidad menonita y del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) acudieron a la Secretaría de Gobernación para solicitar su intervención, al considerar que en Campeche se les ha negado el acceso a la justicia.
El dirigente del FNRCM, Eraclio Rodríguez Gómez, aseguró que la documentación de propiedad de los menonitas ha sido validada por dependencias federales, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que presentarán una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial para que investigue la actuación de la jueza.
“También vamos a interponer una demanda por daños, una vez que se resuelva este asunto, en contra del Estado por la participación de la policía y en contra de la juez, en lo personal, por haber actuado de manera ilícita para obtener un beneficio personal”, afirmó Rodríguez.
Advirtieron que si la Secretaría de Gobernación no interviene, realizará movilizaciones para exigir la restitución del predio y reiteraron que tanto el predio “El Progreso y El Porvenir” como la escritura que acredita su propiedad están inscritos en el Registro Público de la Propiedad y cuentan con reconocimiento del Registro Agrario Nacional (RAN), documentación con la que incluso han accedido a programas federales y financiamiento bancario.
Lamentan que la decisión de la jueza tomada a la ligera, sin siquiera exigir la escritura que acredite como propietario a quien los despoja sin tener documentos está provocando que se agote el tiempo de trabajo y las familias llegará un momento en que no tendrán ni víveres para consumo propio.
Injusticias en procesos jurídicos
Aunque no existe una persecución religiosa ni étnica contra las comunidades menonitas en Campeche sí se registran conflictos legales por la propiedad de tierras y denuncias de autoridades ambientales y federales por afectaciones ecológicas, pero en todos los casos los que llevan las de perder son los menonitas.
Conflictos de tierra y disputas legales, desalojos y litigios, las familias menonitas han denunciado procesos judiciales y pérdida de terrenos agrícolas debido a disputas por la propiedad legal de predios en el estado. Defensa jurídica: Representantes de estas comunidades y organizaciones del campo han señalado presuntas irregularidades y despojos de tierras con participación de funcionarios locales, por lo que mantienen procesos legales activos.
Acusaciones ambientales y patrimoniales. Clausuras de la Profepa: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado operativos y clausurado predios a comunidades menonitas por el desmonte e impacto en la selva maya de la región.
Daño arqueológico: Diversas instancias han criticado la destrucción de vestigios mayas y zonas naturales protegidas para ampliar actividades agrícolas, lo que ha generado tensión legal y mediática, mas no una persecución generalizada, afortunadamente, porque si la hubiera, sería peor para estas familias que igual que los mexicanos en Estados Unidos solo buscan trabajar para sobrevivir y no para enriquecerse.
Orquestado por funcionarios, despojo de menonitas
El diario Tribuna de Campeche denunció que el despojo a menonitas fue “orquestado con apoyo de funcionarios de gobierno”, según acusó el Frente Nacional para el Rescate del Campo”.
En su información publicada en FACEBOOK señala el medio que “el intento de despojar de sus tierras a los menonitas en Hopelchén no es un caso aislado, sino que forma parte de un patrón que se repite en otros asentamientos donde, presuntamente, se actúa de manera ilegal, afirmó el presidente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, Eraclio Rodríguez Gómez.”
“Señaló que el conflicto por las 500 hectáreas, que también involucra una superficie del rancho El Porvenir, habría sido posible por la participación de familiares de Luis Eduardo y José Antonio Huitz Villarreal que, según sostuvo, laboran en la Fiscalía General del Estado y en el Tribunal Superior de Justicia de Campeche”.
El diario también cita que Rodríguez Gómez aseguró que el procedimiento judicial estuvo plagado de irregularidades, pues la restitución de las tierras se ejecutó sin que existiera una sentencia definitiva.
“Además, sostuvo que no se garantizó el debido proceso a los menonitas al no contar con un intérprete capacitado, por lo que informó que promovieron un amparo para solicitar la nulidad del juicio y advirtió que también emprenderán”, finaliza la publicación.
Enfrentamiento entre policías y delincuentes mata a 3 menonitas
La falta de vigilancia normal como en cualquier otro lugar, ya cobró la vida de tres menonitas y dejó herido a un menor de 13 años. Debido a la persecución que los policías hicieron de varios sicarios con los que se iban enfrentando provocó la muerte de todas estas personas al quedar en medio del fuego cruzado sin ser parte de la persecución, según el diario Reforma.
