Pequeños contratistas denunciarían a ICA, pero temen veto
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), una de las constructoras más influyentes del país por su participación en megaproyectos como la Línea 12 del Metro, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, enfrenta señalamientos que podrían afectar indirectamente al gobierno de Claudia Sheinbaum: adeudos millonarios a sus subcontratistas.
Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.
Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.
A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.
El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.
Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.
A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.
El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.
Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal. Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?
